Por Centro Nacional de memoria Histórica, Colombia
Los niños, niñas y adolescentes son las víctimas del desplazamiento forzado “más débiles e indefensas del conjunto de la población desplazada por el conflicto armado en el país” (Corte, 2008-b). Al ser víctimas del desplazamiento, “niños, niñas y adolescentes sufren un deterioro de su desarrollo integral y armónico, y una amenaza múltiple a su derecho a ser protegidos contra toda forma de abandono, abuso, maltrato, explotación, secuestro, reclutamiento y discriminación” (ICBF & ACNUR, 2010, página 12). Sin embargo, es muy poco lo que se ha establecido sobre la vulnerabilidad y las afectaciones que ha sufrido este grupo poblacional que ha sido víctima de éxodos transfronterizos.
Con ocasión del conflicto armado y la violencia sociopolítica y económica, miles de niños, niñas y adolescentes se han visto forzados a cruzar, solos o acompañados, las fronteras nacionales en búsqueda de protección o refugio (Cáritas de Venezuela, entrevista, San Antonio, 2013; Guasdualito, 2013). En muchos otros casos son hijos o hijas de víctimas del éxodo transfronterizo que nacieron fuera de Colombia y crecieron en hogares que, al haber huido del conflicto armado y la violencia, les transmitieron “la sensación de peligro y amenaza que persiste en los padres” (ACNUR, 2008, página 78). De esta manera, la población infantil y adolescente no solo es víctima directa del éxodo transfronterizo sino que padece la transmisión generacional de los daños causados.
Población infantil y adolescente no reconocida como refugiada
En el caso de Venezuela, el alarmante subregistro de la población refugiada de hecho ha llevado a que miles de niños, niñas y adolescentes permanezcan en el vecino país sin un estatus migratorio definido, pues sus padres o acudientes no han sido reconocidos como refugiados. El reconocimiento de la condición de refugio es determinante en el crecimiento de estos niños, niñas y adolescentes, pues en caso de no obtenerla podrían ser deportados a Colombia y en consecuencia se verían obligados a cambiar sus ambientes educativos y comunitarios. En efecto, los hijos e hijasde padres o madres que no cuentan con algún tipo de documento que acredite la condición de refugio o el documento provisional de solicitud de refugio, presentan una mayor situación de vulnerabilidad e indefensión (ACNUR, 2008).
Los niños, niñas y adolescentes colombianos víctimas del desplazamiento forzado que viven en Venezuela y se encuentran en edad de escolaridad, aunque el servicio de educación es gratuito en ese país, en muchas ocasiones por su condición de desplazados, no tienen acceso a éste. A quienes no cuentan con el estatus de refugio o solicitantes del mismo, se les dificulta el ingreso y la homologación de años de estudio ya cursados en Colombia. Además, a pesar de que se les permite el ingreso a los centros educativos, se les dificulta promoverse a la sección escolar siguiente a la cual ingresan, por ejemplo, no pueden pasar de primaria a bachillerato y mucho menos graduarse de bachiller si no cuentan con la documentación regular sobre su estatus (SJR, 2013, 12 de junio, Violencia intrafamiliar y escolar vulneran derechos de niños, niñas y adolescentes en el Táchira).
Esta situación ha generado que algunos niños, niñas y adolescentes que viven cerca de la línea fronteriza estudien en escuelas en Colombia, de manera que deben cruzar la frontera todos los días de la semana. Esta es una situación particularmente evidente en la frontera del río Táchira donde los niños, niñas y adolescentes que residen en San Antonio o Ureña en Venezuela estudian en colegios de Cúcuta. Esto genera riesgos para esta población y sus familias, pues al ser refugiados (o estar en el proceso de solicitud de refugio), no les es permitido volver a su país de origen y se exponen constantemente al control de las autoridades venezolanas (Ramírez, 2013 y Grupos Focales de Memoria Histórica, San Antonio, 2013).
Crecer en precarias condiciones de refugio
Adicionalmente, los niños, niñas y adolescentes se ven afectados por otro tipo de daños que se generan por el hecho de tener que vivir y desarrollarse como personas en condición de refugio (ACNUR, 2008). Estando en un país ajeno, la posibilidad para ellos de hallar comprensión y ayuda respecto del drama del desplazamiento forzado que han sufrido, es todavía más escasa, lo que ha dificultado los procesos de recuperación emocionales y pedagógicos de las personas menores de 18 años que se ven afectadas por el trauma producido. En efecto, para algunas madres desplazadas, el daño que se les ha causado a sus hijos hace parte de lo más difícil que les ha dejado el éxodo transfronterizo:
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Lo difícil de desplazarse de Colombia con niños, es que a ellos les quedan traumas. Y esas marcas siempre les quedan (Mujer joven, solicitante de refugio, Grupo Focal de Memoria Histórica, Guasdualito, 2013).
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Lo difícil es que ellos, o sea para los niños, ha sido duro por dos razones, lo uno porque ellos ya tenían muchas amistades en el colegio y en la iglesia y lo otro porque aquí llegaron se quedaron sin papá, entonces eso para el niño fue muy fuerte, muy muy duro de tal manera que en el colegio, mejor dicho me mandaron llamar que (…), que mire que se había vuelto agresivo y de todo, no hacían ni tareas ni nada, pero entonces sí era por el desplazamiento pero eso son los traumas que siempre les quedan ahí, que uno no puede hacer más nada, pero que les queda les queda ahí a ellos (Mujer adulta, solicitante de refugio, Grupo Focal de Memoria Histórica, Guasdualito, 2013).
Esta situación es preocupante en la frontera del río Arauca, pues la situación de violencia sexual ha afectado particularmente a los niños, niñas y adolescentes. Esto ha sido un motivo de preocupación para la población araucana y causa de terror para muchos padres y madres que han tenido que huir para así proteger a sus hijos de estas agresiones. Como se ha denunciado ampliamente, las prácticas de violencia sexual en contra de la población infantil y adolescente en el departamento, como en los casos de los niños y niñas de Tame, se han venido presentando por parte no solo de miembros de grupos armados ilegales, sino también por algunos miembros de las Fuerzas Armadas del Estado colombiano 99.
La falta de apoyo sicosocial aleja a los niños y niñas de la posibilidad de completar sus estudios y de poder elaborar los traumas producidos por el conflicto armado y las pérdidas emocionales y materiales. Esta situación deja a estas personas menores de edad en un estado de gran vulnerabilidad, por lo que resultan más propensas a ser revictimizadas y a caer en pandillas o ser reclutadas por los grupos armados, lo que perpetúa las cadenas de venganza e ilegalidad. De este modo, en Venezuela, los niños, niñas y jóvenes quedan expuestos con mayor frecuencia a la explotación laboral, trata y mendicidad, tal y como lo ha señalado la Corte Constitucional en el territorio colombiano (Corte, 2008-b).
Por otra parte, los obstáculos que tienen que enfrentar a diario, especialmente para acceder a la educación, los afectan no solo en la inmediatez sino en la construcción de sus planes de vida futuros. El hecho de no contar con documentación que acredite el nivel de estudios cursados por los niños, niñas y adolescentes en Colombia, entorpece los procesos de incorporación al sistema educativo en el vecino país. Una vez logran superar este primer obstáculo, se enfrentan con el impedimento de que no podrán obtener los certificados de terminación de estudios de primaria o bachillerato a no ser que hayan sido reconocidos por el Estado venezolano como refugiados.
Por consiguiente, el drama de muchos niños,, niñas y adolescentes víctimas del desplazamiento forzado implica que solo pueden cursar estudios hasta el último grado de primaria o bachillerato, dependiendo de la edad a la que entraron al sistema educativo. Esta situación ha estimulado la deserción escolar, pues en muchos casos, tanto los padres como los hijos dejan de verle el sentido a un proceso educativo que no podrá progresar, y entran a formar parte de la fuerza laboral a muy temprana edad. En aquellos casos en que los niños, niñas y adolescentes han retornado, la situación opera de modo semejante, lo que redobla la afectación y dificulta el goce efectivo del derecho fundamental a la educación en ambos lados de la frontera, dado que, aunque los niños y niñas hayan estudiado en Venezuela, en caso que decidan retornar a Colombia, no tendrán cómo probarlo tampoco (Mujer adulta, entrevista, Arauca, 2012; y Ramírez, 2013).
99 “Los casos de niñas violadas por supuestos miembros de la Fuerza Pública en Tame (Arauca) se conocieron en octubre del año pasado. Primero fue una mujer de la vereda Caño Camame, quien denunció que un militar había violado a su hija, de 13 años. Semanas después, los habitantes de la vereda Flor Amarillo encontraron en una fosa los cadáveres de los tres hijos de José Álvaro Torres: dos niños y una niña de 6, 9 y 14 años. En la inspección de los cuerpos encontraron que a la menor la habían violado. Los investigadores hicieron pruebas de ADN al semen que encontraron en ambos casos y lo cotejaron con los de varios militares que estuvieron patrullando en la zona. Los resultados determinaron que correspondía al subteniente Raúl Muñoz Linares, quien pertenecía a la Brigada Móvil 5 del Ejército” (Marín, A., 2011, febrero, Otra violación en Tame (Arauca), El Espectador, recuperado el 2 de abril de 2014, en: www.elespectador.com/impreso/judicial/articulo-250497-otra-violacion-tam...).230
